Un conjunto bastante exhaustivo de dirigentes políticos y sociales, a expensas de un texto redactado por León Arslanian y el CELS, se pronunciaron sobre el mentado problema de la seguridad, y sobre la manera en la que el Estado debe prover sus servicios.
El documento cobra especial relevancia en el contexto de los pedidos de linchamiento idiota que surgen de las usinas mass media, por medio de sus locutores y animadores, que con dudosa valía ética e intelectual, paradojalmente, encuentran orejas en vastos sectores de la ciudadanía.
El documento parece el reverso de la gestión de la materia del Motonauta Scioli, que ya vimos los nefastos resultados que tiene.
6. Desactivar las redes del delito para reducir la violenciaLas medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad.
La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas y a un importante mercado ilegal de armas que aumenta los riesgos para la vida y la integridad de las personas.
Por lo tanto, reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad exige reorientar los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de estas redes de delito y de los mercados ilegales. El Ministerio Público Fiscal, en coordinación con las autoridades de gobierno, tiene un rol fundamental en estas tareas.
Una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, traerá transparencia en la investigación penal preparatoria.
Texto completo acá.
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