"Y las áreas involucradas en aquellas actividades fueron bautizadas con eufemismos neutros".

Durante el mediodía del viernes 25 de septiembre, mientras en el Parlamento se debatía la Ley de Servicios Audiovisuales, el senador de la UCR por Mendoza, Ernesto Sanz, permanecía reunido con algunos colaboradores y un empresario de medios en el lobbybar del Hotel Savoy, situado en la avenida Callao 181. Tal vez el legislador no imaginara que sus dichos eran prolijamente grabados. En ese mismo instante, un equipo de espías instalado en el cuarto piso de ese establecimiento se dedicaba a ello, además de monitorear las comunicaciones telefónicas de otros políticos oficialistas y opositores, funcionarios del Poder Ejecutivo y periodistas. Es que allí funciona una unidad de Inteligencia dirigido por el ex jefe de la Side duhaldista, Miguel Ángel Toma, que ahora trabaja alternativamente por cuenta y orden del Ministerio de Seguridad porteño, para el peronismo disidente y a la vez para el Grupo Clarín.
Con este párrafo de crónica arltiana, el gran Ragendorfer y Walter Goobar empiezan esta historia sobre los subterfugios de la represión, el espionaje menemista y la Policía Metropolitana, sencillamente escalofriante.
También cuentan las increíbles andanzas de inteligencia de Miguel Angel Toma:
A todas luces, la opereta más temeraria de la KGB de Toma fue el intento de involucrar a Sergio Burstein –quien desde Familiares de la Amia encabezó la campaña contra el nombramiento del Fino– en un presunto homicidio sucedido en Misiones. Para esa maniobra, que incluyó la pinchadura de sus teléfonos, se valieron de un juez provincial relacionado al ex gobernador Ramón Puerta. Ahora se sabe que la denuncia contra Burstein provino de la Superintendencia de Investigaciones de la Federal, en la que Palacios trabajó antes de su eyección. La supuesta causa era en realidad una excusa para escuchar las comunicaciones que Burstein mantenía con el fiscal de la causa Amia, Alberto Nisman. El hecho –tras una denuncia de Burstein– es investigado por el juez federal Norberto Oyarbide.
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