A los besos con Lozano...

Situándose el pavoroso drama de la pobreza en el primer lugar del centimetraje multimedial, leemos las opiniones sobre el "tema" de la asignación universal por hijo. Una tómbola de cifras que se arrojan al éter sin ninguna responsabilidad.
Basicamente hay tres posiciones sobre el asunto:
1. La del Gobierno: evaluar un plan que atienda a los hijos de los trabajadores informales y desocupados, que evite que sean discriminados de la asignación familiar por el sólo hecho que sus padres no figuren en la base de ANSES como trabajadores en blanco.
2. La del diputado católico Claudio Lozano: muy similar a la anterior, con la particularidad que también banca una baja de las retenciones, o al menos vota para ello; hecho que constituye un contrasentido, dado que para "asignar" a los niños pobres, primero hay "capturar" a los sojeros ricos.
3. La de la Coalición Cívica: el modelo de asignación a todos por igual, al hijo del pobre y al hijo del rico, homologándolos como en la película Novecento, en la que De Niro y Depardieu nacen el mismo día, como el hijo del amo y el hijo del campesino pobre, respectivamente. Se trata de un planteo muy polémico, que apunta a eliminar el clientelismo por la vía de la universalización; su impacto fiscal es inmenso, casi "inexplicable".
Chivo "León" Rossi explicó el miércoles pasado que había instruído la elaboración de un único proyecto entre todos los presentados; el resultado no puede alejarse mucho de una reformulación de la versión redactada por el obeso diputado del catolicismo de izquierda argentino. Con salvedades.
En la misma fundamentación del proyecto de Lozano, se realizan las acostumbradas, diabólicas, manipulaciones de los números, que según él mismo suele argumentar, no tienen sino razones pedagógicas (sirven para explicar el proyecto), pero no guardan mayor correlato real.
Por medio de distintas operaciones, Lozano llega a la conclusión que hacen falta $7600 millones anuales para darle $135 por mes a cada hijo de los trabajadores informales.
En resumen: calcula cuántos menores de 18 años hay en toda la población, lo multiplica por 135, luego por 12 meses, y le resta el monto que ya se paga por asignaciones familiares desde el ANSES.
Luego reagrupa partidas de otros planes sociales, que no vienen al caso, y llega al número: $7600 millones por año.
Se trata del 23,3% del valor del superávit fiscal primario del 2008, y de otra manera, similar porcentaje del valor de retenciones a la soja del 2009.
Lozano propone un esquema razonable, hasta ahí, con dos "peros".
El primer "pero" es su habitual saraza sobre el impacto o "shock" redistributivo que se produciría al inyectar tanto dinero al consumo (los pobres lo consumirían). Este criterio distribucionista es muy parcial, ya sea por sus aristas productivas como por sus aristas fiscales.
No tiene sustento científico. Pero buehh...diremos que el verdadero impacto productivo se produce si se amplía la capacidad productiva, o de otra forma, se invierte más en el tejido productivo.
Si este subsidio estrangula las finanzas públicas, y si, luego, ese estrangulamiento se traslada a la capacidad de financiamiento de toda la economía, porque el Estado toma el ahorro nacional para cubrir el bache, se acota el mercado financiero: menos crédito, menos inversión, menos producción, menos empleo...
La furia recaudadora producto de la inyección depende de la naturaleza de los circuitos en los que se "gaste" ese dinero, por parte de los beneficiarios: en contra, notamos que gran parte de ese gasto de los pobres puede canalizarse en circuitos informales que no tributen; a favor que, a diferencia de lo que plantea Lozano, ese dinero se gasta una vez, luego otra y otra y otra...ad eternum.
El otro asunto que el diputado católico Lozano debe aclarar es cómo se puede financiar este gran esfuerzo fiscal.
Es una palmaria contradicción proponer esta gran redistribución para luego andar a los besos con Buzzi, reclamando que le bajen al chacarero los derechos de exportación de la soja.